“No tengo la menor duda”: Bullrich sugirió que la jueza que frenó la reforma penal juvenil lo hizo en complicidad con Kicillof

Tras la suspensión preventiva del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, Patricia Bullrich consideró que la jueza Marta Pascual falló en complicidad con el gobernador Axel Kicillof, que se había opuesto a la norma que bajó la edad de imputabilidad a los 14 años.

“No tengo la menor duda”, respondió la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) cuando en una entrevista en TN le consultaron por la posible intervención del mandatario provincial.

“Como ellos no la votaron (a la ley en el Congreso) mandaron a una jueza amiga del peronismo en la provincia de Buenos Aires, amiga del kirchnerismo (a suspenderla)”, agregó y puso como ejemplo de su afirmación que a la funcionaria judicial “se la ve hablando con Julián Álvarez, el intendente de Lanús”.

En el mismo tono crítico, afirmó que “la jueza no tiene control de constitucionalidad”, así como tampoco “tiene la capacidad de decidir sobre una ley nacional y de decidir que no la va a aplicar por dos meses”.

“¿En seis meses van a hacer lo que no hicieron en dos?”, se preguntó la exministra de Seguridad en relación con el tiempo establecido desde la promulgación de la ley hasta su implementación en cada una de las provincias.

La resolución judicial fue dictada este lunes por la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo – que tiene como presidente al sacerdote José María Di Paola- en representación de adolescentes privados de su libertad.

El dictamen – que abrió un fuerte debate en la dirigencia política- se conoció cuando apenas habían pasado 48 horas desde la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil.

“Están buscando generar una zozobra sobre un tema que es claro”, opinó Bullrich. Según la senadora, la decisión de Pascual tiene un trasfondo relacionado con el rechazo que el oficialismo boanerense tiene de la ley impulsada por el Gobierno y que, desde su punto de vista, se excusa en el reclamo por la falta de recursos para adecuar las instalaciones carcelarias que les permitan albergar a la población juvenil.

“Empiezan a hablar del mismo tema, dicen ‘no tenemos el dinero’ y no solamente que hay dinero, sino que hay una responsabilidad con la sociedad de que haya una sanción”, expresó.

De la misma manera, la legisladora oficialista remarcó que este cambio en la ley “es una herramienta pedida hace muchísimos años por la sociedad y por la necesidad de que no haya una impunidad, y que los menores no sean la carne de cañón ni los soldaditos de la droga”.